Todos filtran
Hace ya mucho que los noticiarios de televisión y radio, las primeras páginas de los periódicos y las redes sociales que muchos usan como exclusiva fuente de información vienen poniendo a disposición del público información filtrada de procesos judiciales en teoría secretos, desde declaraciones ante los jueces instructores, imágenes incluidas, a informes policiales, mensajes o conversaciones telefónicas o el estado de cuentas bancarias intervenidas judicialmente.
Hasta hace poco, el estupor de los que nos preocupamos por estas cosas procedía, sobre todo, del desparpajo generalizado con el que esta práctica se estaba llevando a cabo. Ultimamente, sin embargo, una nueva vuelta de tuerca ha hecho la situación aún más surrealista: en estos días lo que se airean son filtraciones que se esgrimen como indicios que confirmarían o refutarían, según la visión de cada cual, la existencia previa de otra filtración, igualmente prohibida, por la que se encuentra investigado ante el Tribunal Supremo nada menos que el fiscal general del Estado. Al parecer, lo que se lleva ahora es hacer llegar a los medios de comunicación, siempre en beneficio propio, filtraciones ilegales sobre la investigación judicial en curso de un posible delito que podría haberse cometido… mediante otra filtración ilegal.
Estamos ante una espiral de la que es urgente salir: o alguien se toma en serio la idea de que es necesario redefinir las fronteras de lo que debe ser transparente y lo que, por el contrario, debe mantenerse temporalmente en secreto durante las actuaciones judiciales, sobre todo las penales, o las consecuencias para los derechos de las personas sobre las que se vierten esas actuaciones, la debida consideración al poder judicial como garantía del Estado de derecho y la tan denostada politización de la justicia terminarán suponiendo una amenaza grave para nuestra democracia.
Lo que ocurre en nuestro país no ocurre, no desde luego de manera tan intensa y generalizada, en otros países de nuestro entorno, así que quizá bastaría con fijarnos un poco más en que es lo que han hecho para evitarlo. Sería bueno empezar por respetar la obligación que la Unión Europea impone a nuestras autoridades públicas de no referirse a nadie como presunto culpable de haber cometido un delito mientras esa culpabilidad no se haya probado con arreglo a la ley.
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