De las urnas al Parlamento
Se suele decir que las
elecciones son la fiesta de la democracia, pero en la política democrática el
Parlamento juega un papel tan importante, al menos, como el de las urnas. De
hecho, las tres tazas de pluralismo parlamentario que nos ha servido el electorado
andaluz en las elecciones del pasado domingo han originado una previsible
paradoja: la atractiva receta de 'más poder para el pueblo y menos para los
políticos' ha terminado desembocando en su contrario. El pueblo ha hablado,
pero ahora es el Parlamento (ese sitio donde se sientan los políticos) el que
tiene la auténtica llave de la gobernabilidad. La primera cuestión que plantea
el resultado electoral es, pues, si la Cámara andaluza sabrá estar a la altura
de la responsabilidad que recae sobre sus escaños. Esperemos que sí, pero lo
cierto es que para conseguirlo deberá superar serios obstáculos.
Probablemente
el más importante será saber frenar el continuo deterioro que ha venido
sufriendo la institución parlamentaria en nuestro país. Acostumbrados a ciclos
políticos en los que a las mayorías absolutas se sucedían pactos cocinados a
sus espaldas, nuestros parlamentos, tanto los autonómicos como las Cortes
Generales, han terminado desatendiendo sus importantísimas funciones
constitucionales, particularmente una que tiene incluso más trascendencia que
la de gobernar, que es controlar a los que gobiernan. La solvencia de los
propios parlamentarios (todos esos desconocidos que integran las listas
electorales y a los que usted, como yo, les acaba de otorgar un escaño con su
voto) no ha sido un factor ajeno a ese deterioro. Sin embargo, no veo otro modo
de gestionar positivamente el resultado electoral que el fortalecimiento del
Parlamento, que debe encontrar la difícil receta que le permita controlar
eficazmente al gobierno al mismo tiempo que evita una crisis de gobernabilidad.
Tanto el
Gobierno como la oposición tienen mucho que aprender si queremos que nuestro
sistema político no salga mal parado del veredicto del electorado. El problema
es que ni nuestra cultura política facilita esa tarea ni nuestra clase política
está suficientemente entrenada para pactos estables entre grupos con posturas
políticas enfrentadas, algo que supimos hacer al comienzo de nuestra denostada
Transición pero que, precisamente por el éxito del bipartidismo, dejó de ser
necesario después. En el Estado siempre hemos tenido gobiernos monocolores, y
las experiencias de pactos de legislatura o gobiernos de coalición en las
comunidades autónomas, la última el malogrado Gobierno bipartito andaluz
abruptamente fenecido con la convocatoria anticipada de elecciones, se han
limitado, por lo general, a un mero intercambio de consejerías (y de todo el
personal subalterno asociado a cada una de ellas) que frecuentemente han
terminado con acusaciones recíprocas de deslealtad.
La
actual coyuntura política añade otro obstáculo de relevancia: la contaminación
ambiental que introduce el calendario electoral que se nos viene encima. Si
realmente quiere recuperar su papel institucional, el nuevo Parlamento andaluz
debería evitar convertirse en un escenario más de la continua campaña electoral
en la que estamos instalados, algo que inevitablemente ocurrirá si los grupos
parlamentarios andaluces se embarcan en una polarización artificial encaminada
tan sólo a incidir en los resultados de la elecciones municipales y autonómicas
que se encuentran a la vuelta de la esquina y de las generales que ya se otean
en el horizonte.
Una
opción a descartar debería ser que, para evitar esa contaminación, se
paralizaran o se retrasaran más de lo debido las diversas votaciones que
otorgarán la investidura, previsiblemente por mayoría simple tras la primera
votación en la que se exige la mayoría absoluta, al nuevo presidente andaluz.
La práctica parlamentaria exige que sea la candidata de la lista más votada la
que intente en primer lugar obtener la confianza parlamentaria, pero nada dice
el Estatuto de Autonomía de cuándo debe presentar su propuesta. El Estatuto,
como la Constitución, sólo ordena que si no hay nuevo Gobierno trascurridos dos
meses de la primera votación se disuelva la Cámara y se convoquen nuevas
elecciones (uno de los peores escenarios posibles), pero no regula en qué
momento esa primera votación debe tener lugar. La sabia decisión de dejar
indeterminado ese plazo ha permitido en el pasado que, cuando ha sido
necesario, las negociaciones para alumbrar un nuevo Gobierno se hayan
prolongado durante un tiempo considerable. Pero el riesgo claro es que se
extienda más de lo preciso por razones ajenas a las que justificaron la
convocatoria electoral.
En fin,
sólo los aguafiestas advierten contra los excesos cuando el baile está en todo
su esplendor. Pero ahora que las urnas se han cerrado ha llegado el momento de
llamar a la responsabilidad de los elegidos. Del mayor o menor acierto en las
decisiones que tomen en los días que se acercan dependerá que sea más o menos
prolongada la resaca del banquete del domingo
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