Cooperar, no sólo en emergencias
Como con otros aspectos de nuestro sistema constitucional, se puede decir de nuestro modelo de organización territorial que ha pasado por mejores momentos. Cuando se aprobó el texto de la Constitución, la instauración y generalización de las Comunidades Autónomas para establecer tres niveles de gobierno (el local y el nacional ya estaban desde mucho antes) fue una idea aplaudida por la gran mayoría. Hoy no escasean sus críticos. Podemos aventurar que una de las razones más poderosas para esa insatisfacción es la falta de cooperación entre las distintas administraciones y el consiguiente perjuicio que ello ocasiona para los ciudadanos, que son los destinatarios finales de los servicios que prestan los poderes públicos y los titulares de los derechos que están obligados a tutelar. Por eso hay que saludar con alborozo las escasas ocasiones en las que la colaboración interinstitucional emerge como criterio rector para la resolución de problemas.
Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía con ocasión de las emergencias provocadas por las fuertes lluvias que han caído sobre la región la semana pasada. Es de esperar que ocurra lo mismo con las que vienen detrás que, al parecer, descargarán con parecida intensidad en los próximos días. No fue así, como se recuerda, con la gestión de la catástrofe que asoló la Comunidad Valenciana hace un año. De hecho, es muy posible que aquella experiencia haya servido de mal ejemplo para enmendar la forma de enfrentarse a los problemas cuando varias administraciones públicas se encuentran obligadas a trabajar conjuntamente. Bien está que hayamos aprendido que una situación de emergencia obliga a abandonar el politiqueo al que nos tienen acostumbrados algunos de nuestros mandatarios. Pero sería de desear que fueran capaces de generalizar la voluntad de cooperación a las situaciones de normalidad, que al fin y al cabo son las que más afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos y, sin duda, también demandan lealtad institucional entre los tres niveles de gobierno.
La descentralización del poder, que tantos beneficios puede reportar, puede esconder el gran perjuicio de la descoordinación si no se instaura el hábito de la cooperación leal entre todos los niveles de gobierno. La teoría constitucional ha puesto nombre a esta necesidad: hay que pasar de un federalismo competencial, donde el acento se pone en definir las fronteras de las materias sobre las que cada administración tiene competencias, a un federalismo cooperativo, donde esas fronteras se atenúan porque lo decisivo es la colaboración entre todas ellas.
Comentarios
Publicar un comentario