Otra vez el ómnibus
Poco ha durado la subida de las pensiones que aprobó el Gobierno en el decreto-ley «ómnibus» que la semana pasada derogó («tumbó», como ahora se dice) el Congreso. Como la votación sobre un decreto-ley debe hacerse sobre la totalidad del mismo, junto con la subida de las pensiones se derogaron también todas las demás medidas que contenía, muchas de ellas de carácter social. El Gobierno clama contra la oposición (a la que acusa de no apoyar a los pensionistas) y la oposición contra el Gobierno (al que acusa de tomar a los pensionistas como rehenes por obligarles a aprobar también otras medidas del decreto-ley con las que no estaban de acuerdo, como la prórroga de la protección contra el desahucio para inquilinos vulnerables).
Hay que recordar que, aunque el Gobierno parece opinar lo contrario, el decreto-ley está permitido solo como un instrumento excepcional (en casos de «extraordinaria y urgente necesidad», dice la Constitución), y que mientras más materias inconexas incluya más difícil será justificar una necesidad extraordinaria y urgente, pues habrá que probarla en cada una de ellas por separado. Sólo por eso sería constitucionalmente rechazable un decreto-ley «ómnibus».
Aun admitiendo, que ya es mucho admitir, que no hubiera nada entre la variopinta gama de materias que se incluyeron en ese decreto-ley que no sea extraordinariamente necesario y urgente, lo que podría disipar las dudas sobre su constitucionalidad, persistirían otras dudas, igualmente importantes, sobre su acomodo a la esencia de nuestro régimen parlamentario. Los decretos leyes son, en realidad, leyes con otro nombre, que aprueba del Gobierno sin pedir permiso al Parlamento, del que sólo necesita, y solo una vez que ya han entrado en vigor, su ratificación mediante una votación en la que se acepta o se rechaza, sin que se le pueda cambiar ni una coma. De ahí su excepcionalidad.
Que un Gobierno que cuente con el respaldo mayoritario del Parlamento decida eludir la deliberación de las Cámaras mediante un uso exagerado de los decretos-leyes es siempre una mala noticia para los que seguimos defendiendo la centralidad del Parlamento en la función legislativa. Que lo haga un Gobierno que no cuenta con una mayoría que le dé sustento parlamentario es, como se ha demostrado una vez más, una estrategia abocada casi siempre al fracaso.
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