La obligación de votar (y el derecho de no hacerlo)
Casi siete millones de ciudadanos españoles residentes en Andalucía (o en el extranjero, si su último domicilio en España fue en territorio andaluz) estamos llamados a las urnas para elegir un nuevo parlamento autonómico el próximo domingo. En la convocatoria anterior, dos millones y medio, más del cuarenta por ciento del censo electoral, decidieron quedarse en casa. Al hacerlo, no incumplieron ninguna norma: somos muchos los que pensamos que existe una obligación cívica de ir a votar, pero en nuestro país no existe la obligación jurídica de hacerlo (aunque la legislación electoral recoge otros deberes de los ciudadanos para el día de las elecciones, como el de contribuir a su desarrollo si se es designado miembro de una mesa electoral). Es verdad que el voto obligatorio no está muy extendido, pero tampoco es una rareza democrática: en algunos países de nuestro entorno, como Bélgica, Luxemburgo o Grecia, no ir a votar puede suponer una multa. ¿Podría implantarse esa obligación en España?
En mi opinión, hay dos poderosos argumentos que apoyarían la tesis de que obligar a los ciudadanos a votar sería inconstitucional. El primero es que la participación en los asuntos públicos no se recoge en nuestra Constitución como un deber constitucional (sí lo son, por ejemplo, el deber de defender a España o el de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos), sino como un derecho, cuyo ejercicio es, en consecuencia, voluntario. El segundo es que el acto de no votar puede suponer ejercer otros derechos fundamentales que también están recogidos por la Constitución: hay ciudadanos que deciden abstenerse no por pereza o desconocimiento, sino porque consideran que ninguna candidatura les representa o como una vía para criticar el funcionamiento del sistema político. Forzar a estas personas a acudir a las urnas podría entenderse como una limitación de su libertad ideológica o de su libertad de expresión. Teniendo esto en cuenta, puede hablarse de que la Constitución también recoge un derecho fundamental a la abstención.
Por otro lado, aunque se reformara la Constitución para permitir el voto obligatorio, lo más probable es que de ese modo no se llegaría a solucionar los problemas de fondo que explican la desafección política. La distancia entre representantes y representados, la polarización o la pérdida de confianza en las instituciones no desaparecerían mediante multas o sanciones administrativas. La participación electoral es, sin duda, un valor democrático importante. Pero el desafío no consiste en obligar a votar, sino en conseguir que los ciudadanos quieran hacerlo. Y eso depende menos de leyes que nos obliguen a ir a las urnas que de la capacidad de la clase política para generar credibilidad y recuperar cercanía con los electores. Yo, desde luego, lo tengo claro: el domingo que viene, de buena mañana, iré a depositar mi voto. Les invito a hacer lo mismo.
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