Juicios mediáticos
A pesar de que es, probablemente, la mejor explicación que podemos encontrar para el origen del universo, muchos están plenamente convencidos de que la casualidad no existe, y mucho menos en política. Pero ha sido la casualidad la que ha querido que se estén ahora desarrollando, de forma simultánea, las vistas orales de dos juicios con gran impacto en la opinión pública, pues ambos se relacionan con casos de corrupción que afectan o han afectado a los dos grandes partidos de nuestra democracia. Así que, de nuevo, surge la polémica sobre cuáles deben ser las relaciones entre la administración de justicia y los medios de comunicación.
El punto de partida que se desprende de la Constitución es bien sencillo: si llegara el día en el que las actuaciones de los jueces no pudieran criticarse libremente, podríamos dar por terminada la democracia; pero si llegara el día en el que las decisiones judiciales se tomaran al dictado de la opinión pública, podríamos dar por terminado el Estado de Derecho. Ambas afirmaciones ponen de manifiesto una de las tensiones inevitables en todas las democracias constitucionales: por un lado, ningún poder público, tampoco el poder judicial, debe quedar al margen del escrutinio ciudadano; pero, por otro, la justicia no puede dejarse influenciar por el sentir de la calle. La libertad de información y el derecho a un proceso con todas las garantías deben coexistir sin anularse mutuamente. Los medios de comunicación cumplen una función esencial al trasladar a la ciudadanía lo que ocurre en los tribunales. Sin esa labor, la transparencia se resentiría y el control democrático quedaría debilitado. Pero esa misma función entraña riesgos evidentes cuando la lógica mediática - la inmediatez, la simplificación, la búsqueda de impacto - se impone sobre los tiempos y las formas propios de la justicia.
Los juicios paralelos, alimentados por filtraciones interesadas o por debates apresurados, pueden generar una presión ambiental difícil de ignorar. No se trata tanto de que los jueces cedan conscientemente a esa presión, sino de que el entorno en el que operan se vea contaminado por expectativas sociales que poco tienen que ver con las pruebas practicadas o con el derecho aplicable. De ahí que la prudencia deba ser una virtud compartida. Por los jueces, que han de preservar su independencia no solo frente a los poderes políticos, sino también frente al ruido mediático. Por los medios, que deben resistir la tentación de convertir el proceso judicial en espectáculo. Y por los ciudadanos, que tienen derecho a formarse una opinión, pero también la responsabilidad de no confundir su parecer, que puede libremente basarse solo en sus propias impresiones, con las decisiones judiciales, que necesariamente deben encontrar su fundamento solo y exclusivamente en la aplicación de la Ley.
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