Democracia y derrota
Uno de los rasgos más llamativos de la política contemporánea es la creciente dificultad para aceptar la derrota. No se trata solo de reconocer que se han perdido unas elecciones. Se trata de asumir con normalidad que, en una democracia, las decisiones de los ciudadanos, de los parlamentos o de los tribunales pueden no coincidir con nuestras propias preferencias.
Las democracias no funcionan únicamente porque existan elecciones libres o porque los poderes públicos estén sometidos a la ley. Funcionan también porque quienes participan en la vida pública aceptan que las reglas del juego son legítimas incluso cuando producen resultados adversos. En las democracias consolidadas, los partidos pierden elecciones, los gobiernos son reemplazados y las mayorías parlamentarias cambian sin que ello suponga un cuestionamiento de la legitimidad del sistema. La alternancia es percibida como una manifestación de normalidad institucional. Si ganar concede el derecho a gobernar, perder impone el deber de esperar una nueva oportunidad.
Sin embargo, en los últimos años parece extenderse una tendencia preocupante. Cada vez resulta más frecuente presentar al adversario político no como un competidor legítimo, sino como una amenaza para la propia democracia. Cuando eso ocurre, la derrota deja de interpretarse como una posibilidad dentro de las reglas y pasa a verse como una injusticia que deslegitima el resultado. Las consecuencias son conocidas: aumenta la polarización, disminuye la confianza en las instituciones y se debilita la disposición a aceptar las decisiones de los órganos llamados a arbitrar los conflictos. La descalificación sistemática del adversario político conduce inevitablemente a la descalificación de la propia democracia. El problema alcanza también a tribunales, parlamentos y autoridades independientes, cuya credibilidad depende en gran medida de que sus resoluciones sean aceptadas por quienes discrepan de ellas. Una Constitución puede establecer procedimientos, garantías y contrapesos, pero no puede imponer por sí sola una cultura de la derrota. Para ello es necesario que las reglas constitucionales tengan el apoyo mayoritario de la ciudadanía y susciten el respeto de los dirigentes políticos.
La democracia no es un sistema pensado para garantizar que siempre triunfen nuestras ideas, sino para asegurar que todos aceptemos el resultado cuando no lo hacen. La Constitución protege el derecho a discrepar, a criticar y a combatir políticamente las decisiones de la mayoría. Pero nada puede hacer frente a una actitud que solo considera legítimas las reglas cuando producen el resultado deseado. Por eso, la cultura de la derrota no es una virtud menor ni una simple cuestión de cortesía política: es una de las condiciones que permiten que una sociedad libre siga resolviendo sus conflictos con arreglo a la ley y no mediante la imposición o la fuerza.
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