Presidentes
En la semana que acaba de terminar el presidente del Gobierno ha cesado y nombrado a varios ministros y el de Andalucía ha convocado elecciones en la Comunidad Autónoma. Se trata de prerrogativas que, según establecen respectivamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía, los presidentes ejercen con carácter individual, no compartidas por tanto con otros órganos constitucionales o estatutarios (es decir, que para hacer lo que han hecho no han tenido que pedir permiso a nadie). Ambas son claros ejemplos del refuerzo del liderazgo presidencial en nuestro sistema político.
Es verdad que tanto la Constitución como el Estatuto diseñan para España y para Andalucía un régimen parlamentario, no presidencialista. Por eso el presidente del Gobierno debe de contar con la confianza de las Cortes Generales para poder gobernar y por eso los andaluces no hemos sido convocados para elegir al próximo presidente de la Comunidad Autónoma, sino al parlamento que deberá investirlo. Pero a la vista está que una vez que un parlamento otorga su confianza a un presidente del Gobierno no es tan fácil retirársela, y que, aunque los andaluces vayamos a ir a las urnas para elegir diputados autonómicos (que muy pocos electores conocen), lo haremos pensando en el candidato que esos diputados elegirán como presidente: puede que no votemos directamente a un presidente, pero desde luego votamos porque sabemos que nuestro voto servirá para elegir al presidente que queremos.
El refuerzo del papel de los presidentes en los sistemas parlamentarios es un fenómeno universal. Se conoce como parlamentarismo presidencialista o presidencialismo parlamentario, pero lo llamemos como lo llamemos lo que se quiere decir es lo mismo: la centralidad política que residía hace mucho tiempo en el Parlamento y después pasó al Gobierno, ahora está en la persona que lo preside. Como todo en la vida, esta evolución de los regímenes parlamentarios tiene sus aspectos positivos y su lado negativo: el liderazgo presidencial potencia gobiernos duraderos, capaces de dar respuesta a problemas cada vez más complejos, muy a menudo necesitados de medidas a medio y largo plazo e imposibles de abordar sin políticas públicas coherentes y estables en el tiempo. Pero la inevitable concentración de poder personal que ello conlleva hace recelar a los que temen por las tentaciones cesaristas que inevitablemente acaban surgiendo. La receta para conjurarlas es antigua, pero sigue plenamente en vigor: mientras más poder tengan nuestros presidentes, más controles deben existir sobre su ejercicio.
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