Lawfare
Lawfare es la palabra de moda. La culpa la tiene el general prusiano Carl Von Clausewitz, que, después de vencer a Napoléon, describió su trabajo del siguiente modo: «hacer la guerra (warfare) es como hacer política, solo que por otros medios».
¿Existe en nuestro país el lawfare, es decir, usar la justicia para hacer «política por otros medios»? Existe, sin duda, un lawfare de baja intensidad. Se valen de la justicia para hacer política los que, por ejemplo, usan las decisiones judiciales para intentar obtener de ellas un beneficio partidista. Lo vemos a diario: ningún dirigente de un partido político dejará de aprovechar que se haya condenado a alguien de otro partido por, por ejemplo, un delito de corrupción, para exigir la dimisión inmediata de todos los cargos públicos del partido del corrupto. También asistimos a diario a los intentos de sacar rédito político del ritmo distinto con el que se actúa en uno y otro ámbito: para la política, el inicio de una investigación es ya una prueba irrefutable de culpabilidad, y una sentencia que aún no es firme una condena irrevocable. Todo esto entra dentro de las relaciones normales entre el sistema político y el sistema judicial: nada hay de patológico en que cada cual intente arrimar el ascua de una resolución judicial que le convenga a la sardina que más le guste.
En una escalón superior podríamos hablar también del lawfare de intensidad media cuando se emprenden acciones judiciales con ninguna posibilidad de éxito, sólo para poder así esgrimirlas frente al contrincante político. A veces, para presentar al adversario ante la opinión pública como un sujeto indeseable ni siquiera hay que presentar demandas o querellas, basta con anunciarlas a bombo y platillo. Pero nada lo anterior supone un uso político de la justicia que pueda ser achacado a los jueces. Al contrario, las más de las veces ocurre sin que los jueces puedan hacer mucho al respecto (no al menos mientras el legislador no se tome en serio algunas reformas procesales que quizá podrían introducir algún remedio a esas situaciones).
Lo que no existe en nuestro país es el lawfare de alta intensidad, es decir, el uso por los propios jueces de los poderes que la Constitución les atribuye para alcanzar así objetivos políticos. Está claro que no puede descartarse por completo, aunque solo sea por razones estadísticas (hay más de cinco mil jueces en España) y porque es un riesgo inherente a la independencia que la misma Constitución garantiza para cada uno de ellos, sometidos solo al impero de la Ley y al control de sus resoluciones…por otros jueces. Pero por eso mismo, porque cada uno de esos más de cinco mil jueces ejerce su potestad jurisdiccional con total independencia de todos los demás, es imposible que el Poder Judicial en su conjunto pueda confabularse a favor o en contra de una determinada opción política.
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