Desde la Constitución

(Publicado en  Diario SUR   de Málaga,  el 2 de junio de 2016)  AFORTUNADAMENTE, nuestra Constitución rodea la acción penal de toda una serie de garantías entre cuyos efectos se encuentra que, inevitablemente, el castigo no llegue hasta un tiempo (a veces mucho tiempo) después de que se haya perpetrado un delito. Hasta aquí, nada que objetar, pues nadie, mucho menos si se es inocente,   tiene prisa por entrar en la cárcel. Pero lo que para el común de los mortales está rodeado de ventajas tiene para los políticos un indeseado efecto colateral: el tiempo que tarda en sustanciarse la responsabilidad penal es el mismo en el que la responsabilidad política campa libremente a sus anchas. El auto sobre Chaves y Griñán es un buen ejemplo de esta paradoja. Por un lado, sus efectos penales son más bien modestos. Contrariamente a lo que se dice, ni se ha dictado auto de procesamiento ni mucho menos se ha ordenado la apertura del juicio oral. Cierto que el juez ha decidido inculpar a los