Las reglas de la investidura

( Publicado en Diario SUR de Málaga, el 26 de julio de 2019)    

 

«Piove, porco governo!» Esa es la conocida expresión italiana con la que en ese país algunos culpan siempre al gobierno, sea este el que sea, de todo lo malo que pasa, hasta de un desapacible día de lluvia. Sin llegar a tanto, lo cierto es que se han oído en estos días voces culpando a nuestra Constitución o nuestras leyes electorales de las dificultades que se dan en nuestro Parlamento para investir al presidente del Gobierno. En mi opinión, sin embargo, poco podría aportar su reforma para paliar los problemas de la fragmentación política actual. 

Lo primero que habría que hacer es distinguir entre fragmentación y polarización. La fragmentación se da cuando en el Parlamento están representadas un nutrido conjunto de fuerzas políticas, pero ninguna de ellas tiene una mayoría suficiente para gobernar en solitario. La polarización, por otro lado, aparece cuando los líderes de esas fuerzas políticas tienden a situarse en los extremos (los polos) y huyen del centro del espectro parlamentario, dificultando de ese modo el pacto o el acuerdo que podría hacer gobernable la fragmentación.  

Ni la fragmentación sin polarización ni la polarización sin fragmentación suponen serios riesgos para la estabilidad gubernamental, pero ambas a la vez forman una tormenta perfecta en la que es fácil que el barco de la gobernabilidad se vaya a pique. Eso es lo que ahora tenemos: una fragmentación polarizada. ¿Deberían reformarse las reglas de la investidura para favorecer la gobernabilidad? Creo que no. 

Por lo que respecta a la fragmentación, es cierto que las normas electorales pueden contemplar múltiples fórmulas para reducirla. Entonces, ¿por qué no implantarlas? La primera razón es porque lo hemos hecho ya: nuestros constituyentes, que fueron más o menos los mismos que hicieron nuestras leyes electorales, creían firmemente, recordando los parlamentos de nuestro pasado democrático más inmediato (la malograda II República) que los votos de los españoles no iban a dar a ningún partido una mayoría suficiente para gobernar y trasladaron al régimen electoral (y en alguna medida, también a la Constitución) medidas para intentar paliar la fragmentación. Se equivocaron en el diagnóstico, pues en lugar de un parlamentarismo fragmentado tuvimos muños años de bipartidismo más o menos perfecto, pero no en las recetas antifragmentación, que hoy, cuando empiezan a ser necesarias, siguen donde estaban desde el primer momento. Tanto es así que la primera gran crisis de nuestro sistema representativo se fraguó no hace tanto con una protesta contra un régimen electoral – el mismo que tenemos ahora – del que se decía que estaba excesivamente sesgado hacia la gobernabilidad en detrimento de la representatividad (eso era el grito de ¡No nos representan!).  

Cierto que podríamos incrementar aún más las medidas tendentes a garantizar la gobernabilidad:  un sistema de doble vuelta, premios de mayoría, investidura automática de la lista más votada o, llegando al extremo, elección directa del presidente del Gobierno, transformando nuestro parlamentarismo en presidencialismo. Pero aquí viene la segunda razón para no volver a hacer nada de eso, pues también hemos probadoya en el pasado algunas de esas recetas y no han funcionado bien: por ejemplo cuando se impuso la investidura automática de la lista más votada en las Comunidades Autónomas, facilitando que hubiera gobiernos, pero no por ello gobernabilidad (como puso de manifiesto en Andalucía la llamada legislatura de «la pinza»). Además, y he aquí la tercera razón, no hay consenso político para llevar a cabo las reformas de mayor calado, un consenso que, como todo lo que atañe a las reglas del juego (y pocas más importantes que éstas), es bastante mayor que el que se necesita para las decisiones políticas ordinarias.  

La paradoja de proponer para remediar la investidura una medida que exige un consenso mayor que el otorgamiento de la propia investidura nos pone sobre la pista del verdadero problema al que nos enfrentamos: no es la fragmentación, sino la polarización. No supone un riesgo para la gobernabilidad que, como reflejo del pluralismo de la sociedad española, haya más partidos representados en el Congreso que hace unos años. La verdadera amenaza es que sus líderes no hayan entendido que el mejor modo de generar un gobierno estable ante esa situación es buscar decididamente puntos de acuerdo, que generalmente, aunque no necesariamente, giran entorno al centro del espacio político. Las responsabilidades de la falta de estabilidad gubernamental caen pues más del lado de unos dirigentes políticos que no han aprendido a hacer su trabajo en el nuevo escenario que del lado del electorado que ha decidido, al menos por ahora, no otorgar la mayoría a ninguno de ellos. 

Es comprensible que ante unos debates tan broncos y unos resultados que no auguran nada bueno para la gobernabilidad a medio plazo, se pueda pensar que la culpa no apunta a los que se han subido a la tribuna del Congreso, sino a las normas que regulan la investidura. Pero sería un falso consuelo: todas las normas son perfectibles, pero estoy convencido de que una Constitución que en 2019 intentara incentivar más el acuerdo entre nuestros líderes políticos tendría efectos prácticos tan insignificantes, aunque igualmente bienintencionados, como la de 1812 cuando ordenó a los españoles que fueran justos y benéficos. 

En los salones del salvaje oeste americano, en los que trifulcas y peleas estaban a la orden del día, no solía faltar el cartel que rogaba que no se disparara al pianista. Del mismo modo, ante los tiempos que se avecinan, probablemente plagados de investiduras difíciles y gobiernos más difíciles aún, cabría rogar a nuestra clase política que, si no quieren que acabemos culpándoles hasta de la lluvia, se lo pensaran dos veces antes de culpar de sus desaciertos a la Constitución.