Teoría del desbloqueo
USAMOS LA PALABRA «bloqueo» para describir la situación que se produce cuando ninguna fuerza parlamentaria es capaz de concitar una mayoría suficiente para investir a un nuevo presidente del gobierno. Si aceptamos esa terminología, la acción de «desbloquear» supondría poner en marcha lo necesario para llegar a la investidura. Sólo existen tres posibilidades de que se produzca el desbloqueo en el Congreso que elegiremos mañana (la composición del Senado es para ello irrelevante, pues, como se sabe, el Congreso es la única de las dos Cámaras de las Cortes Generales llamada a pronunciarse en este asunto): que desbloqueen los electores, que modifiquemos las normas que nos han llevado al bloqueo o que desbloqueen los partidos.
La primera posibilidad es, efectivamente, que sean los propios electores los que terminen con la situación de bloqueo, otorgando a un partido político los 176 escaños necesarios para investir a un candidato por mayoría absoluta del Congreso en primera votación. Bajo nuestra actual Constitución, este resultado se ha dado en cuatro ocasiones, dos con el PP y dos con el PSOE, aunque desde las elecciones generales de 2015 no se vuelto a producir, ni tampoco se le espera a corto plazo, desde luego no para las elecciones del mañana domingo.
Descartado el desbloqueo por los electores, la segunda posibilidad de desbloquear es que modifiquemos las normas que rigen la investidura. Al igual que la opción anterior debe descartarse, esta vez por dos razones: la primera, porque es también altamente improbable que se den las condiciones para que se materialice, ya que esas modificaciones exigen, para poder aprobarse, un acuerdo al menos igual que el necesario para la investidura por mayoría absoluta (pues es esa mayoría la que se necesita para reformar la ley electoral o el reglamento del Congreso), cuando no mucho mayor (en el caso de reformas electorales que implican una reforma constitucional). La segunda razón para descartarla es que esas medidas implicarían de un modo u otro reducir la proporcionalidad, y eso ya lo hace nuestro sistema electoral de un modo muy notable, mediante las circunscripciones provinciales, el mínimo de dos escaños por provincia y la fórmula D’Hondt, cumpliendo de manera ya muy discutible el mandato constitucional que obliga a establecer un sistema proporcional para el Congreso. No parece, pues, sensato hacerlo aún más mayoritario de lo que es ahora, pues correremos el riesgo de asegurar la gobernabilidad (el problema que ahora tenemos) pagando un precio excesivamente alto en término de escasa representatividad (volviendo al problema que teníamos hace unos años).
Así las cosas, parece que tendremos que confiar el desbloqueo a lo que hagan los partidos. A la vista del desarrollo de la campaña electoral, no creo que ello sea posible sin que nuestros líderes cambien al menos tres puntos importantes de su discurso: el primero de ellos, no por obvio menos importante, sería dejar de pensar en los resultados electorales en términos de bloques. La idea de que sólo el acuerdo en el interior de uno de los grandes bloques de derecha o izquierda puede conducir al desbloqueo es excesivamente reduccionista, pues descarta por principio otras combinaciones que, en función de los resultados, podrían llegar a ser necesarias. El segundo punto sería que nuestros líderes se dieran cuenta de que su actual aversión a pactar (o al menos a decirlo), lejos de producirle réditos electorales, les aleja del cada vez mayor número de electores que han comprendido que solo mediante el pacto puede salirse del bloqueo, electores que podrían sentirse inclinados a otorgar su voto al candidato que mayor disponibilidad mostrara para alcanzarlo.
El tercer punto es dejar de insistir en que sería deseable un desbloqueo sin pacto. En efecto, se ha esgrimido la idea de que el partido más votado (o el que obtenga un mayor número de escaños) debería recibir solo por eso el apoyo de los demás mediante una abstención que hiciera posible la formación de un gobierno en segunda votación, en la que, efectivamente, sólo hace falta una mayoría relativa, es decir, más votos a favor que en contra. Quién, sin poder formar su propia mayoría, no se abstuviera en esas circunstancias, se dice, sería responsable de que el bloqueo persistiera
A mi juicio, esa tesis presenta importantes deficiencias. Es cierto que el desbloqueo sin pacto fue lo que permitió formar gobierno después de la repetición electoral del año 2016, pero ya hemos comprobado lo que entonces se intuía: que ese tipo de investidura conduce muy probablemente (así ha terminado ocurriendo ahora), a una nueva repetición electoral a corto plazo. Una investidura sin un pacto parlamentario con las fuerzas que la apoyen, bien mediante su voto a favor o su abstención, garantiza ciertamente un gobierno, pero no la gobernabilidad. El auténtico desbloqueo, es decir, el único que puede garantizar una legislatura con posibilidades de agotar su mandato, exigirá no sólo negociar una investidura, sino, según la modalidad de pacto que se adopte, acordar también un gobierno (mediante un pacto de coalición) o al menos las principales políticas a llevar a cabo en los próximos años, incluido un acuerdo presupuestario (mediante un pacto de legislatura).
Mientras más amplio fuera el pacto, en mejores condiciones estaría el gobierno resultante para afrontar los grandes problemas que, con investidura o sin ella, asoman ya por el horizonte, desde la nueva crisis económica que probablemente seguirá a la actual desaceleración hasta los relacionados con nuestro modelo territorial. Pero no se puede pactar sin ceder. Desde que Enrique IV abjurara del protestantismo para conseguir el trono de Francia, sabemos que a veces, en política como en la vida, hay que renunciar a algo, por muy valioso que sea, para obtener lo que realmente se pretende. Entonces París bien valió una misa. Hoy, muchos pensamos que la estabilidad del país bien valdría ese pacto.
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