La erosión de las instituciones
El deterioro institucional denunciado por el Rey en su mensaje de Navidad tiene tantos responsables como causas. La más remota es la demora en la elección de los veinte vocales que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno, asumiendo un protagonismo que debería corresponder a los grupos parlamentarios, no ha conseguido cerrar un acuerdo con el principal partido de la oposición, que ha declarado incluso que no tiene ni siquiera intención de buscarlo. Al parecer, pues en todo este tiempo la presidenta del Congreso y el presidente del Senado no han encontrado el momento para convocar a diputados y senadores para que voten y podamos salir de dudas, no hay ningún candidato que concite el apoyo suficiente.
Las Cortes han intentado resolver el retraso en la renovación del CGPJ aprobando dos sucesivas reformas en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera pretendía que, mientras no se renovase, no pudiera el CGPJ renovar tampoco las vacantes que se fueran produciendo en la cúpula judicial. La segunda reforma, corrigiendo la anterior, fue para permitir al Consejo nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). La marcha atrás (pero solo en este punto) se produjo cuando el Gobierno se dio cuenta de que no podría nombrar los dos magistrados constitucionales que le corresponde elegir si el CGPJ no nombraba al mismo tiempo a los suyos. A día de hoy, una de las dos reformas ha logrado sus objetivos: limitar sus poderes no ha acelerado la renovación del CGPJ, pero sus vocales han llegado por fin a un acuerdo para nombrar los dos magistrados del TC que le corresponde elegir.
Ante la persistencia del bloqueo, que amenazaba ya no solo a la renovación total de un órgano constitucional (los veinte miembros del CGPJ), sino también a la parcial de otro (cuatro de los doce magistrados del TC), los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno, asumiendo ahora un protagonismo que debería corresponder al propio Gobierno, iniciaron otra reforma legislativa, esta vez no ya de una Ley Orgánica, sino de dos: la del Poder Judicial, rebajando la mayoría necesaria para que el Consejo pudiera nombrar magistrados del TC, y la del propio Tribunal Constitucional, para que los magistrados que ha nombrado el Gobierno pudieran tomar posesión de su cargo incluso si el CGPJ no llegara elegir a sus candidatos y sin que el TC pueda, como hasta ahora, controlar si los nombrados cumplen los requisitos que establece la Constitución.
Esas reformas se han colado de rondón como enmiendas en otro procedimiento ya en curso en el Congreso, el de modificación del Código Penal (derogando el delito de sedición y reduciendo las penas del de malversación), de un modo que la Constitución no permite, pues vulnera el derecho de los diputados a debatirlas en toda su amplitud. Por ello, el Tribunal Constitucional, ante el que ha recurrido la oposición, ha aceptado unas medidas cautelares urgentes con las que, por primera vez desde la entrada en vigor de la Constitución, ha prohibido que esas enmiendas, que ya se habían aprobado en el Congreso, continúen su tramitación en el Senado. En esa resolución del TC han participado los cuatro magistrados cuya renovación está pendiente, dos de ellos a pesar de haber sido recusados.
El acto final (por ahora) de esta sucesión de despropósitos lo han protagonizado los presidentes del Congreso y del Senado, y el propio presidente del Gobierno, que han anunciado el acatamiento de la decisión del Tribunal Constitucional, pero denunciando que al impedir votar las enmiendas introducidas inconstitucionalmente (sobre la inconstitucionalidad del procedimiento empleado no parece haber mucha discrepancia) se estaba enmudeciendo a las Cortes Generales, y ello aunque las mismas Cortes han anunciado ya el inicio de los trámites para volver a presentarlas, esta vez respetando el derecho de todos sus componentes (vale decir, sin ninguna voz enmudecida) a debatirlas. En el fragor declarativo de unos y otros, ha habido incluso quien ha atribuido la soberanía nacional, supuestamente vulnerada, a las propias Cortes, desconociendo que es el pueblo español, al que ciertamente las Cortes representan, su único titular. Que las Cortes representen al pueblo es precisamente lo que permite legislar en su nombre a quienes ostentan la mayoría en el Parlamento; pero que la soberanía resida en el pueblo y no en las Cortes fue históricamente uno de los pasos necesarios para democratizar el constitucionalismo, y es hoy lo que justifica que la Constitución, aprobada en el ejercicio de esa soberanía popular, tenga que ser respetada por las ocasionales mayorías parlamentarias.
Hay varias vías para erosionar las instituciones. Una de ellas es someterlas, como se ha hecho en los últimos meses, a una tensión excesiva. Si no se reduce en el futuro, puede que el deterioro comience a ser difícilmente recuperable, poniendo en riesgo la solidez del sistema constitucional en su conjunto. De esto, con la contención en las palabras a la que le obliga su posición, es de lo que nos ha advertido el Rey.
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