Cómo no terminan las legislaturas
Son muchos los que desde la oposición reclaman todos los días al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones, y otros tantos los que afirman en tertulias y sesudos artículos de opinión que si el presidente no presenta una cuestión de confianza al Congreso de los Diputados es porque no quiere arriesgarse a tener que llamar a los españoles a las urnas si la pierde. En realidad, los que así se expresan no entienden de lo que hablan: nuestros políticos y nuestros periodistas (bueno, no todos) ignoran lo que sabe cualquier estudiante de derecho constitucional (bueno, no todos): que cuando un gobierno cesa, bien porque el presidente dimite de su cargo, bien porque pierde ante el Congreso una cuestión de confianza, lo que la Constitución impide es, precisamente… que se convoquen elecciones.
En una democracia, la Constitución tiene que establecer cómo llegan al poder los que mandan, pero también cómo dejan de mandar los que ya están en el poder. Cuando se trata de un régimen parlamentario, en el que el Gobierno nace cuando el Parlamento le da su confianza y cesa cuando se la quita, esto significa que las constituciones tienen que regular los mecanismos de otorgamiento y retirada de la confianza parlamentaria. La nuestra lo hace con bastante precisión, persiguiendo una idea común al constitucionalismo europeo y que todos nuestros vecinos del continente han intentado llevar a la práctica, aunque es cierto que con un éxito bastante desigual: que cada legislatura, y con ella el gobierno que consigue ser investido, agoten todo el tiempo de su mandato. Es decir, que las elecciones se celebren sólo cuando toque, generalmente cada cuatro años. Esa preocupación nace por la creencia de que la inestabilidad política es el mejor caldo de cultivo de los autoritarismos y llega hasta el punto de pretender que las legislaturas sigan incluso cuando el Gobierno cae.
Esto es precisamente lo que dice nuestra Constitución: son los mismos diputados que retiran su confianza a un Gobierno los que deben arreglárselas para otorgársela a otro nuevo, sin endosarle a los electores una tarea que, en principio, la Constitución no les atribuye. Así que, cuando el Gobierno cesa, bien porque el presidente dimita o porque pierda una cuestión de confianza ante el Congreso, no hay elecciones, sino que es ese mismo Congreso el que debe otorgar su confianza a un nuevo candidato (que, además, podría ser la misma persona que acaba de cesar) e investirlo nuevo presidente del Gobierno. Cuando el cese es por moción de censura, el mecanismo para conseguir la estabilidad es aún más claro, pues en ese caso los diputados votan en el mismo acto cesar a un presidente e investir a otro nuevo, sin que tampoco haya elecciones de por medio: así es como el actual presidente del Gobierno llegó al cargo por primera vez, al aprobarse en 2018 una moción de censura contra su predecesor.
Ha habido ocasiones en las que el Congreso no ha sido capaz de cumplir su misión constitucional y sus integrantes no han conseguido llegar a un acuerdo para investir a un presidente del Gobierno. Incluso en esos casos la Constitución ordena que lo sigan intentando durante cierto periodo de tiempo (al menos, por dos meses) y sólo entonces permite que se convoquen elecciones anticipadas, como ya ocurrió con las repeticiones electorales de 2016 y 2019. Pero ni siquiera entonces puede un presidente del Gobierno en funciones dar por finalizada la legislatura, sino que las Cortes se disuelven automáticamente cumplido ese plazo.
En definitiva, nadie sabe si el presidente del Gobierno decidirá poner fin antes de tiempo al actual mandato de las Cortes, pero lo que es seguro es que sólo podrá hacerlo si no dimite antes y si no pierde antes una cuestión de confianza. Una de las razones por las que podría decidirse a convocar elecciones anticipadas descansa en otra práctica parlamentaria, esta sí ayuna de regulación, según la cual la incapacidad del Gobierno para conseguir que se aprueben los presupuestos generales del Estado (y no digamos la decisión de ni siquiera presentar el proyecto ante las Cortes) equivale a una pérdida de confianza que aconsejaría poner fin a la legislatura. Sin presupuestos, un Gobierno puede mantenerse en el poder, pero difícilmente podrá gobernar.
Lo que sin duda toca ya a su fin es el curso académico, que en esto corre paralelo al curso vital de muchos ciudadanos, que aprovechan el tiempo veraniego para un merecido descanso. En la universidad ya no hay asignaturas pendientes para septiembre, así que estudiantes y profesores nos vamos de vacaciones poniendo el contador a cero para el próximo curso. No ha sido así en nuestro sistema político, donde el examen para revalidar la confianza parlamentaria, al que el Gobierno ha decidido por ahora no presentarse, ha quedado pendiente para después del verano. A la vuelta veremos si nuestro presidente consigue o no aprobar en esa convocatoria.
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