La tragedia de Amaduz
La semana pasada un horrible accidente hizo parar dos trenes cerca del pueblo cordobés de Adamuz: el primero descarriló invadiendo la vía contigua y contra él impactó el segundo. El choque se saldó con 45 fallecidos y más de un centenar de heridos. Para dentro de unos días, los propios maquinistas han convocado una huelga, demandando mayores medidas de seguridad en el transporte ferroviario, que volverán a parar los trenes en todo el país.
Uno de los principios básicos de todo régimen constitucional es la exigencia de que los que ejercen el poder den cuenta de su gestión y se sometan al control político de la oposición. Esa exigencia no está reñida con el que debe ser el orden lógico de prioridades cuando nos enfrentamos a una tragedia como la del accidente de Adamuz: lo primero es socorrer a las víctimas, y para ello es necesaria la coordinación entre las distintas administraciones públicas que tienen encomendada esa misión. Lo segundo es enviar al país un mensaje de unidad y solidaridad cuando es golpeado de esa manera. No son momentos para el despliegue de la crítica política, y hay que felicitarse de que así lo haya entendido el Gobierno y la mayoría de los líderes de los partidos presentes en el Parlamento. Ese es el sentido, por otra parte, de los días de luto oficial: un período para que el duelo, es decir, la expresión del dolor por la pérdida de tantas vidas, se traslade también a la esfera pública.
Cuando esos días pasan, el funcionamiento del sistema constitucional debe recuperar la normalidad. Dentro de esa normalidad se encuentra que los trabajadores que ponen en marcha nuestros trenes puedan ejercer las medidas de presión colectiva que estimen pertinentes para demandar mayor seguridad para ellos y para los viajeros que transportan. Y que las fuerzas de la oposición exijan al Gobierno la transparencia necesaria para depurar, si las hubiera habido, las responsabilidades pertinentes. Sería de esperar que Gobierno y oposición hubieran aprendido de la unidad en el dolor de la que se ha dado muestra estos días que la necesaria dación de cuentas se puede exigir sin azuzar el odio ni descalificar al adversario político.
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