Tres bomberos de New Haven

 

(Source: CNN.com, Firefighter criticizes Sotomayor ruling)

(Publicado en Málaga Hoy y el resto de las cabeceras del grupo Joly Andalucía el 16 de junio de 2013) 

La renovación parcial de nuestro Tribunal Constitucional (TC) me ha recordado la extraordinaria expectación que, en julio de 2009, suscitó la comparecencia en el Senado de los Estados Unidos de tres bomberos de New Haven. Iban a prestar testimonio ante la Comisión de Asuntos Judiciales, en el curso de las audiencias públicas sobre la confirmación de Sonia Sotomayor, la candidata que el Presidente Obama había propuesto dos meses antes como magistrada del Tribunal Supremo, el equivalente a nuestro TC, y la primera mujer de origen latino aspirante a uno de sus nueve asientos vitalicios.

Aunque en Estados Unidos el Presidente es el único que puede nombrar a los miembros del Tribunal Supremo, hay varios filtros que sirven de «contrapeso» a esa atribución constitucional. En primer lugar, al ser un cargo que, como se ha dicho, se ejerce de por vida, no todos los Presidentes tienen la oportunidad de nombrar uno de sus magistrados. En segundo lugar, en toda una larga vida de servicio, no es de extrañar que el magistrado que entra progresista se vuelva un poco más conservador, y al revés, que el conservador puro y duro se centre políticamente, de manera que la influencia real de los Presidentes sobre lo que hará en el futuro el que en su momento fue su candidato se atempera mucho con el paso del tiempo, sobre todo una vez que el juez que nominó sigue siendo juez muchos años después de que el propio Presidente haya dejado de ser Presidente. El tercer contrapeso importante a la facultad de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo por el Presidente es el proceso de confirmación en el Senado.

En realidad, son muy escasos los candidatos nominados que no obtienen el placetde la Cámara Alta. Lo importante es que, en todo caso, el candidato (la candidata, en el caso de Sotomayor) se verá sometido a un estricto control por parte de los Senadores sobre las decisiones y opiniones mantenidas durante sus años previos de vida profesional o servicio público y sobre la medida en la cual éstas y aquéllas influirán en su actividad como magistrado del Supremo. Este control puede llegar a tener una intensidad muy alta, y suscita en la opinión pública un interés nada despreciable, pues los medios le dedican una atención equivalente a la de las grandes noticias del momento. Hay dos cosas seguras: nadie llega al Tribunal Supremo sin que la opinión pública americana se haya formado una idea bastante completa del bagaje intelectual, ideológico y político con el que el nuevo juez afrontará sus años en la más alta magistratura de la Nación. Y ningún presidente se atrevería a nominar a alguien del que no confiara que puede salir triunfante de ese examen.

Antes de su nominación por Obama, Sonia Sotomayor había ejercido durante muchos años como juez federal y, en su calidad de tal, tuvo que resolver algunos casos que alcanzaron gran notoriedad, como el litigio sobre la huelga de la liga nacional de béisbol del año 1994. Sin embargo, fue un asunto mucho menos célebre, el de los bomberos de New Haven, el que centró buena parte de la atención en el Senado durante el debate de su confirmación: tres bomberos de raza blanca habían recurrido a su juzgado porque habían tenido que ceder el puesto de oficiales a otros que habían obtenido la misma calificación en las pruebas de promoción, pero recibieron puntos adicionales por pertenecer a una minoría racial menos representada en el ayuntamiento. Y Sotomayor resolvió el recurso contra esa decisión inclinándose por la constitucionalidad de aquellas medidas de discriminación positiva. 

Por esa razón, dos años después, los tres bomberos que entonces fueron excluidos del ascenso habían solicitado prestar ante el Senado un testimonio que, dadas las circunstancias (la nominación de Sotomayor se había presentado como una decisión encaminada a equilibrar racial y sexualmente el Tribunal) adquirió un gran interés. De manera que la Cámara no solo preguntó a Sotomayor por su parecer sobre la discriminación racial positiva, una cuestión que el Tribunal Supremo debe recurrentemente resolver, sino que aceptó escuchar, y con él la Nación entera, el testimonio de personas a las que ella misma, como juez, se la había aplicado directamente.  Poco tiempo después de aquellas comparecencias, el Senado confirmó la nominación propuesta por el Presidente Obama, pero no sin que antes la opinión pública norteamericana se hubiera enterado de las ideas que la nueva magistrada tenía sobre la Constitución que a partir de entonces estaba llamada a interpretar.

La presencia de aquellos bomberos da una idea de hasta dónde puede llegar el control parlamentario de los candidatos a jueces del Tribunal Supremo en Estados Unidos. En mi opinión, algo parecido debería demandar la opinión pública española ante la intrascendencia que ese control tiene en nuestro país. Aquí, los magistrados constitucionales designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial no comparecen ante nadie. Los que nombran las Cortes deben comparecer ante las Cámaras, pero, seguramente, usted no recordará gran cosa de esas comparecencias. No es de extrañar: nunca ha ocurrido en ellas nada digno de ser recordado.