Cultura Constitucional

 

(Publicado en Diario SUR de Málaga el 14 de noviembre de 2021)

Las reglas del juego (XXVI)           

    

    En julio de 1992, cuatro años antes de que fuera asesinado por ETA, en su discurso de despedida del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente dejó un mensaje que luego se ha repetido muchas veces: «el prestigio de las instituciones – dijo, pensando en el propio Tribunal – depende tanto de lo que estas hacen como de lo que se hace con ellas». Treinta años después, a muchos los que nos ocupamos en estudiar, y criticar, lo que el Tribunal hace, nos comienza a preocupar, sobre todo, lo que están haciendo con él.

    El desbloqueo de la renovación de sus magistrados que ha tenido lugar en la semana que hoy acaba pretendía terminar con el evidente desprestigio que suponía para el Tribunal que cuatro de sus integrantes tuvieran desde hace tiempo cumplido su mandato. Sin embargo, el resultado que se ha conseguido con ello ha sido más bien el contrario: ahondar más en la crisis reputacional en la que parece estar instalado el Tribunal desde hace un tiempo. 

    No cabe duda de que el mecanismo que la propia Constitución establece para las renovaciones de los magistrados constitucionales por las dos Cámaras de las Cortes Generales puede ser mejorable, y algunas sugerencias se han hecho en ese sentido. Pero el verdadero problema no es tanto de su diseño, sino de su puesta en práctica. La prueba irrefutable es que, con el mismo diseño, en el pasado se pudo conseguir que todos los que votaban a un candidato a magistrado constitucional, y no sólo los que lo proponían, lo hicieran sin poner en duda su idoneidad para el ejercicio de un cargo tan trascendental para nuestra democracia. 

    Eso es precisamente lo que hoy se echa de menos. La solvencia e independencia de los magistrados constitucionales se ha subordinado a la consecución de otros objetivos políticos. Pero nada puede haber más importante en una democracia que garantizar que los que están llamados a decidir en última instancia sobre la vigencia de la Constitución sean juristas solventes e independientes. Pensar lo contrario denota una falta de cultura constitucional que, me temo, no se arreglaría con una regulación mejor.