Las razones del ministro

The Guardian

(Publicado en Diario SUR de Málaga el 9 de enero de 2022)

Las reglas del juego (XXXI)         

    Hay que reconocer que el ministro de consumo lleva razón en sus recientes declaraciones sobre la ganadería intensiva que se practica en las macrogranjas. Al menos en parte. En concreto, en la parte en la que afirma que cuando habla a los medios de comunicación sobre asuntos de su ministerio no lo hace a título personal, sino como miembro del Gobierno. No puede ser de otra manera, pues los ministros tienen constitucionalmente atribuida una competencia directa para gestionar, en nombre del Gobierno, las materias propias de su ámbito de actuación. Dentro de ese ámbito se encuentra la política de comunicación, que es, de hecho, la tarea principal de una considerable pléyade de asesores y gabinetes, cuyos esfuerzos para que sus jefes salgan airosos cada vez que dan una rueda de prensa o conceden una entrevista no se encuentran siempre, a la vista está, recompensados con el éxito.

    La Constitución no solo dice que los ministros tienen atribuidas las competencias para gestionar las materias propias de su ministerio, también añade que son directamente responsables por lo que hacen (y por lo que dicen). Ahora bien, al mismo tiempo ordena que sea todo el Gobierno el que responda solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Dicho de otro modo, si un ministro se equivoca es a todo el Gobierno al que le toca pagar los platos rotos.

    En realidad, cuando un ministro actúa no siempre es consciente de que compromete al Gobierno entero, del mismo modo que no siempre todos sus compañeros están dispuestos a asumir la responsabilidad solidaria que manda la Constitución. Como en política no suele practicarse mucho el «uno para todos y todos para uno», la Constitución también ordena al presidente, el único investido de la confianza del Congreso (y el único que puede nombrar y cesar a los ministros) que dirija la acción del Gobierno y coordine a todos sus miembros.

    Competencia personal del ministro, responsabilidad solidaria de todo el Gobierno y dirección política de su presidente. Esa es la tríada constitucional que enmarca la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de consumo.