El protocolo castellano leonés
La polémica de esta semana sobre el supuesto protocolo autonómico que obligaba a las mujeres que querían interrumpir su embarazo a oír antes el latido fetal, finalmente desmentido por el presidente de Castilla y León después de que lo hubiera anunciado su vicepresidente y de que el presidente del Gobierno de España así se lo hubiera requerido, ha suscitado de nuevo la cuestión del papel que deben o no tener las Comunidades Autónomas en el ejercicio de nuestros derechos.
En principio, los Derechos Fundamentales, que tienen su reconocimiento directo en la propia Constitución, deben tener el mismo alcance en todo el territorio nacional, y por ello su desarrollo mediante Ley se reserva al Estado. Sin embargo, en nuestro modelo de descentralización territorial, las Comunidades Autónomas pueden regular el ejercicio de muchos de esos derechos en diversas materias que caen dentro de su ámbito competencial. Los ejemplos pueden ser muy variados: al registrar una asociación deportiva o cultural, escolarizar a nuestros hijos o votar en las elecciones regionales, sometemos a regulaciones autonómicas el ejercicio de derechos tan fundamentales como el de asociación, el de educación o el de sufragio. Algo parecido ocurre con los derechos que se ejercen en el ámbito sanitario, como los que reconoce la Ley de la eutanasia o la que permite la interrupción voluntaria del embarazo: al ser la sanidad una competencia de las Comunidades Autónomas, estas pueden regular procedimientos para ejercerlos que, en la práctica, pueden llegar a condicionar su efectividad. En esos casos, la norma autonómica puede estar viciada de inconstitucionalidad si regula aspectos que invaden competencias del Estado o, incluso limitándose a sus atribuciones competenciales, si lo que regula va en contra de lo que establece la Ley o la Constitución.
Hay que reconocer que, también en el campo de los derechos, nuestro modelo territorial implica cierta dosis de diversidad. Pero esta tiene sus límites en lo que la Constitución reconoce y las Cortes Generales establecen. Ambos límites se habrían traspasado con el protocolo que el gobierno castellano leonés ha decidido finalmente abortar.
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