El pueblo y los jueces
Del mismo modo que en el año recién terminado se habló mucho de independencia judicial, en el que acabamos de empezar se hablará mucho de elecciones. Hay quien mezcla una cosa con la otra y cree que, igual que los escaños de los parlamentos y ayuntamientos deben repartirse según los votos que obtenga cada fuerza política, también los jueces deberían estar en sintonía con el dictado de las urnas. Por eso, ven como una anomalía democrática que cuando la mayoría política se inclina de un lado, los tribunales no cambien al unísono.
Los que piensan así se equivocan. La Constitución proclama que todos los poderes emanan del pueblo y por esa razón elegimos mediante sufragio universal a las Cortes Generales, que es el órgano constitucional que representa al pueblo. La justicia también emana del pueblo, pero se administra por jueces independientes, y esa es la razón por la que a los jueces no los elige la mayoría política que resulta de los procesos electorales. En nuestro país el acceso al Poder Judicial es meritocrático, mediante oposiciones o concursos, y su ejercicio vitalicio, pues, como todos los funcionarios públicos, los jueces permanecen en su trabajo hasta la edad de jubilación.
Además, no debemos confundir el Poder Judicial con órganos constitucionales que no forman parte de este, como el Tribunal Constitucional, o que no ejercen funciones jurisdiccionales, como su Consejo General. Incluso para estos órganos, en cuya designación sí interviene el poder legislativo, la Constitución ha establecido técnicas para evitar que los resultados de las elecciones se reflejen automáticamente en su composición. Para esa finalidad se disponen mayorías cualificadas, renovaciones parciales o mandatos diferenciados en el tiempo de los del Parlamento.
Los jueces están sometidos a la voluntad del pueblo, pero esa subordinación no procede de su forma de elección, sino de su sometimiento al imperio de la Ley. Es cierto que en el pueblo reside la soberanía nacional y que de él emanan todos los poderes, pero no todos lo hacen de la misma manera: el pueblo elige al poder legislativo, el Parlamento traslada lo que el pueblo ha querido a la Ley y jueces independientes se encargan de aplicar la Ley para hacer que se cumpla la voluntad popular. Así es como funciona nuestra democracia.
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