Privatizar
De vez en cuando, como ahora con la sanidad, resurge la polémica sobre la privatización de los servicios públicos. Pero no es infrecuente que el debate genere cierta confusión debido al carácter ambiguo del término «privatizar».
El Estado del bienestar del que disfrutamos en la afortunada parte del planeta en la que vivimos es uno de los elementos esenciales de nuestra Constitución. En Europa, fue fruto de un pacto entre el capital y el trabajo, alumbrado después de experiencias totalitarias de uno y otro signo, en virtud del cual se decidió dejar al mercado la generación de riqueza y encomendar al Estado la obligación de redistribuirla. El pacto incluía también que fuerzas políticas conservadoras y progresistas pudieran alternarse en el poder mediante la celebración periódica de elecciones libres y someter todo lo anterior al imperio de la Ley. Esto es lo que la Constitución llama «Estado social y democrático de Derecho».
Redistribuir la riqueza significa, entre otras cosas, que debe haber un sistema fiscal justo y progresivo que proporcione los recursos necesarios para garantizar a todos los ciudadanos una vida digna, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, vivienda y otras prestaciones básicas. No hay Estado social si la garantía de esos servicios no es pública, pero en ocasiones su gestión puede ser más efectiva si se lleva a cabo por el sector privado: nadie duda, por ejemplo, que el mejor modo de garantizar que exista un adecuado parque de viviendas públicas no es que la administración acometa ella misma su edificación, sino que la contrate con constructoras privadas.
Hay que tener cuidado con el uso de las palabras: privatizar un servicio básico significa que éste deja de ser público, y que el ciudadano tiene que arreglárselas por su cuenta para acceder al mismo. Pero eso no ocurre si el Estado sigue garantizándolo, aunque elija encomendar su gestión a una empresa privada. Se me dirá que no es lo mismo gestionar la sanidad que construir un edificio, y ese es precisamente el punto: cada servicio público es distinto, en ocasiones la mejor forma de proveerlo será la gestión directa por la administración y en ocasiones no. Por eso conviene anclar este debate en la realidad de las cosas y alejarlo de prejuicios que poco tienen que ver con ella. No siempre ocurre así.
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