¿Y si no fuera un genocicio?
No deberíamos tener ningún reparo en usar el término «genocidio» para referirnos a la masacre que se está perpetrando en la franja de Gaza. Es muy probable que Israel haya vulnerado el Convenio para la prevención y sanción de este delito. Sudáfrica lo demandó por este motivo ante la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2023, cuando aún no habían transcurrido ni tres meses desde el terrible atentado terrorista de Hamás en suelo israelí, por las atrocidades que ya entonces podían observarse en su represalia. La Corte aún no ha dictado sentencia al respecto, y todavía tardará bastante en hacerlo. A fecha de hoy, sin embargo, sí puede constatarse que Israel ha violado las medidas cautelares que la propia Corte ordenó, nada menos que en tres ocasiones, en las que, precisamente porque creía que existían indicios suficientes para que la demanda siguiera su curso, le exigía a Israel detener la ofensiva y asegurar el acceso de la ayuda humanitaria (y también a Hamás que liberara inmediatamente a los rehenes). Trece Estados signatarios del Convenio, entre ellos España, se han personado en la causa iniciada por Sudáfrica, acusando también a Israel de violarlo. Y otros órganos de Naciones Unidas, entre ellos una comisión independiente creada en el seno de su Consejo de Derechos Humanos, han denunciado la existencia de prácticas genocidas en la ofensiva israelí.
Con todo, no puede descartarse que, dentro de unos meses, la Corte Internacional de Justicia falle finalmente en contra de Sudáfrica y llegue a la conclusión de que Israel no ha vulnerado el Convenio contra el genocidio con sus acciones de guerra en Gaza. Aunque los indicios de lo contrario parecen ser claros, su prueba, que es lo que vale en Derecho, es mucho más difícil. Entre otras cosas porque las acciones israelíes pueden haberse diseñado para dificultarla. Por ejemplo, impidiendo que testigos independientes puedan confirmar lo que pasa sobre el terreno o avisando a la población civil de los bombardeos de sus casas para así poder alegar que no se pretende, como exige la definición jurídica de genocidio, destruir «un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal». Pero no es infrecuente que los términos jurídicos adquieran para la opinión pública un sentido que no coincide completamente con el modo en el que los usamos los juristas: por ejemplo, cuando exclamamos ¡qué estafa! ante hechos que difícilmente encajarían en el tipo delictivo que con ese nombre contempla el Código Penal. Por eso el diccionario de la Real Academia nos advierte que la palabra «genocidio» puede usarse también en un sentido figurado, en el que es sinónimo de otras que no tienen el mismo significado jurídico, como «masacre» o «matanza».
Más allá de su sentido técnico, lo cierto es que precisamente el término «genocidio» tiene una gran capacidad movilizadora de la opinión pública, imprescindible cuando lo realmente necesario, como ocurre ahora, es parar cuanto antes (sin esperar a tener una sentencia que confirme su naturaleza jurídica) la crueldad contra la población gazatí que el mundo está contemplando en directo. Pero, por esa misma razón, creo que tampoco deberíamos tener ningún reparo en no usarla si hablar de genocidio produce (debemos suponer que sin que nadie lo busque) el efecto contrario: dividir a la opinión pública, impidiendo una manifestación unánime contra el escandaloso exterminio de civiles indefensos, entre ellos familias enteras y un número insoportablemente elevado de niños. Palestina agradecería mucho más una declaración por unanimidad del parlamento español contra la matanza en Gaza en la que pudiera apoyarse nuestro Gobierno para una enérgica acción diplomática, aunque en ella no apareciera el término «genocidio», que una disputa terminológica en clave doméstica en la que la vida de miles de personas sirviera para reforzar la posición política de unos partidos frente a otros. Si fuera necesario, podrían usarse para ello otros términos en torno a los cuales acaso se pueda suscitar un mayor consenso, como «crímenes de guerra» o «crímenes contra la humanidad», que son precisamente los delitos en los que se ha basado el Tribunal Penal Internacional, en un procedimiento distinto al que se sigue ante la Corte Internacional de Justicia, para dictar una orden de arresto contra miembros del Gobierno israelí, incluyendo su primer ministro.
Hay dos grandes paradojas que están presentes en todo este asunto, pues la comunidad internacional ideó el delito de genocidio como reacción frente al intento de exterminio que sufrió el pueblo judío durante el holocausto y grupos terroristas que pretenden repetirlo, como Hamás, se han hecho fuertes en territorio palestino y disfrutan de apoyo internacional. Ninguna de ellas impide decir que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Pero lo urgente ahora no sería nombrarlo, sino pararlo. Aunque no lo fuera.
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