Secretos Ibéricos
El secreto es el protagonista del juicio más mediático del momento, el del fiscal general del Estado. Podría parecer una paradoja más de nuestra «sociedad de la transparencia», como la ha llamado Byung-Chul Han, que aunque tiene nombre de Caballero Jedi es el flamante premio Princesa de Asturias de Humanidades de este año. Todo lo contrario: el secreto en nuestro país no desmiente el diagnóstico de Han, pues no oscurece en absoluto el exceso de transparencia que nos rodea. En España es prácticamente imposible que algo permanezca secreto. Tenemos, como mucho, secretos a voces.
El primer secreto que colorea este proceso es el del delito cuya comisión se está intentando demostrar por las acusaciones, el de la revelación de una información confidencial que el fiscal general habría conocido en el ejercicio de su cargo: el mensaje de un abogado que para alcanzar un pacto de conformidad con la fiscalía estaría dispuesto a reconocer los delitos de su cliente. La revelación se agravaría por su intencionalidad política, pues el perjudicado es la pareja de una importante líder de la oposición al Gobierno. Si en el juicio no se prueba que fue el fiscal general el que lo difundió, nos quedaremos con la poco tranquilizadora conclusión de que lo hizo otra persona desde la fiscalía.
En el juicio ha hecho también acto de presencia el secreto profesional esgrimido por algunos periodistas que dicen conocer quién reveló la información confidencial, pero se escudan en su derecho constitucional a no identificar la fuente para no prestar declaración. Aunque la misma Constitución que protege este derecho ordena a la Ley que lo regule, en estos últimos 47 años nuestro Parlamento no ha encontrado el momento adecuado para hacerlo, sobre todo porque los propios periodistas siempre han temido que se podría aprovechar la ocasión para ponerle trabas a su ejercicio (leyendo alguno de los proyectos que se han llegado a presentar es difícil no darles la razón). Hay algo, en todo caso, que la Ley no podría hacer: que la declaración de un periodista que afirma conocer al verdadero autor de un delito, pero al que se le exime de identificarlo, se convirtiera en prueba exculpatoria para el acusado de haberlo cometido.
Por supuesto, el secreto más transparente ha sido el que ha rodeado todo este proceso desde el principio, en el que los testimonios de unos y de otros no deberían haber sido públicos hasta ahora que se ha abierto la vista oral: los secretos de la instrucción penal sobre un presunto delito de filtración de secretos se han divulgado desde el primer momento, como siempre para mayor beneficio de los que los filtran.
Uno de los aciertos de Byung-Chul Han es hablar de la opacidad que produce demasiada transparencia. La «transparencia deslumbrante» es, en efecto, uno de los principales problemas de los procesos penales en nuestro país. Es el efecto cegador que se genera cuando el afán por «ganar el relato» prevalece sobre la idea de hacer justicia.
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