Mi casa, mi castillo

 

(Publicado en Diario SUR de Málaga el 4 de abril de 2021)

Las reglas del juego (XIII)

    El precedente más conocido de la inviolabilidad del domicilio se encuentra en una sentencia del ilustre juez Sir Edward Coke, que en 1604 puso algunos límites a los poderes de la Corona inglesa para irrumpir en las casas de la gente. La doctrina de que la morada de cada cual debía ser una fortaleza para su dueño fue un importante avance para la época, aunque prácticamente se limitaba a exigir al sheriff que anunciara educadamente su presencia antes de echar la puerta abajo. Han pasado cuatro siglos, y hoy en nuestro país seguimos hablando más o menos de lo mismo: la impactante imagen de la fuerza pública derribando sin autorización judicial la puerta de un piso donde se estaba celebrando una fiesta prohibida por las normas anti Covid ha vuelto a poner de actualidad la inviolabilidad del domicilio que garantiza la Constitución.

    Es cierto que, aunque estemos bajo un estado de alarma, ningún derecho fundamental, tampoco este, se encuentra suspendido. También que un piso turístico es un domicilio a efectos de su inviolabilidad constitucional. Pero, por otro lado, no caben muchas dudas sobre la existencia de un poderoso interés público para que esa fiesta no continuara. La Constitución no quiere que el propio domicilio sea un espacio para la impunidad, por eso permite que allí entre la policía, si bien exige para ello la autorización del juez. El problema es que, aunque nuestras leyes ya contemplan que los jueces autoricen la entrada en un domicilio incluso cuando no se está investigando un delito, se trata de una previsión no ha sido pensada para casos como este, donde la autorización judicial se necesita con urgencia y por graves razones de salud pública.

    Si las fiestas multitudinarias en domicilios inviolables llegaran a convertirse en un freno para la contención de la pandemia, lo cierto es que no tenemos instrumentos legislativos adecuados para que un juez autorice interrumpirlas. Quizá el incidente pueda servir de ariete para que alguien en las Cortes (ya saben, ese sitio donde se solían aprobar las leyes) sugiera hacer algo al respecto.