Guerras fiscales

                                  

 (Publicado en Diario SUR de Málaga el 2 de octubre  de 2022)

Las reglas del juego (XLVIII)        

                                                                                                

    Conocí a una pareja, ya felizmente divorciada, que gestionaba su economía familiar de una manera peculiar: uno de ellos se preocupaba de los ingresos y el otro de los gastos. Ahora hacen por separado lo que quizá deberían haber estado haciendo juntos cuando aún lo estaban: preocuparse ambos al mismo tiempo por lo que se ingresa y por lo que se gasta.

    También en la guerra fiscal que ha surgido entre el Estado y las comunidades autónomas cada uno parece mirarse solo su propio ombligo económico. Como en las relaciones humanas, en las institucionales las culpas suelen estar bastante repartidas. Las comunidades se quejan de que el Estado no respeta su autonomía fiscal, que esgrimen para decidir sobre los impuestos que pagan sus ciudadanos. El Estado se queja de que las comunidades le piden más dinero al mismo tiempo que bajan sus impuestos, mientras que él cuando necesita financiarse no tiene más remedio que subirlos (o endeudarse pidiendo un préstamo que alguien tendrá que pagar en el futuro, que es como subir los impuestos a las próximas generaciones).

    La autonomía fiscal que gozan las comunidades autónomas (menos País Vasco y Navarra) es, en realidad, muy escasa, pues se proyecta sobre figuras tributarias menores, la mayoría cedidas por el Estado. Nuestra Constitución ha instaurado una modalidad del estado social que hace tiempo que se ha convertido en un estado social autonómico, pues son las comunidades autónomas las que gestionan las grandes políticas sociales. La ingente cantidad de recursos que son necesarios para ponerlas en práctica hace sin embargo inviable que puedan financiarse solo con sus propios impuestos, de manera que el Estado sigue siendo el garante de que las políticas sociales, aun siendo de competencia regional, puedan contar con una financiación adecuada. Este es también el modo de preservar la solidaridad interterritorial que consagra la Constitución.

    Es cierto que sin autonomía fiscal se incentiva la irresponsabilidad de los gobiernos autonómicos, a los que les trae más cuenta exigirle recursos al Estado que a sus electores. Pero la solución no es dotarles de más poder de decisión sobre los impuestos, sino dotarnos entre todos de un sistema de financiación autonómico estable, suficiente y equitativo.