Turbopolítica
Las reglas del juego (L)
Con sólo unos días de retraso sobre lo que ordena la Constitución (peccata minuta, tal como están las cosas), el Gobierno presentó ante las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyo primer trámite, la votación de totalidad en el Congreso, ha tenido lugar esta semana. A su término, la turbopolítica nacional ha vuelto a eclosionar a una velocidad de vértigo.
Tan sólo unas horas después de que la ministra de Hacienda se las arreglara para anunciar desde la tribuna del Parlamento algo tan alejado de los presupuestos como la reducción de las penas del delito de sedición, la oposición, que no ha podido resistirse al irrefrenable deseo de superar la apuesta, ha anunciado por su parte algo tan alejado, no solo de los presupuestos, sino de la posible reforma del Código Penal, como interrumpir las negociaciones para renovar el caducadísimo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esto último podría ser una buena noticia si se hiciera para empezar un nuevo proceso conforme a lo que la Constitución contempla, impulsado por los presidentes del Congreso y del Senado (que hasta ahora no han dicho ni mu), protagonizado por los líderes de los grupos parlamentarios de ambas cámaras (cuyas iniciativas al respecto brillan también por su ausencia) y donde los apoyos o rechazos se sustanciarían en comparecencias con luz y taquígrafos. Nadie alberga la mas mínima esperanza de que vaya a ser así. Puede que a estas alturas no pueda seguir manteniéndose como una buena idea que la totalidad de los vocales del CGPJ procedan de una elección parlamentaria, pero lo cierto es que hace tiempo que el procedimiento actual ha dejado de merecer ese calificativo: el papel del Parlamento se reduce a invitar a diputados y senadores a apretar un botón para cerrar una decisión en la que no han participado ni de lejos. De hecho, ninguno de los negociadores a cargo, uno ministro y otro eurodiputado, tienen escaño en las Cortes. Para terminar el sainete, el vocal que ahora preside el CGPJ clama indignado por el incumplimiento de la Constitución, como si no fuera suficiente incumplimiento el que se ha producido con su propio nombramiento y con el empecinamiento del órgano que preside en no elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.
Todo lo malo puede empeorarse. Cuesta imaginar cómo, pero seguro que será con la rapidez propia de estos tiempos de política a reacción.
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