Malas noticias para las fake news
Una de las cuestiones más espinosas para frenar el iliberalismo es cómo luchar contra la desinformación: por una parte, la proliferación de noticias falsas (fake news) sobre asuntos de interés general es el arma preferida de todos los populismos para socavar los cimientos de los Estados democráticos; por otra, uno de esos cimientos es precisamente la libertad de expresión, y en eso se escudan los voceros del iliberalismo para organizar auténticas campañas de tergiversación de la realidad que, amplificadas por las redes sociales, logran que millones de personas crean como verdades indiscutibles las mentiras más disparatadas.
En aras de la libertad de expresión, la mayoría de las constituciones democráticas, siguiendo la estela dejada por la interpretación que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a la famosísima primera enmienda de su Constitución, permiten en el debate político el uso de información incierta, que no puede ser restringida ni sus autores sancionados a no ser que se esté en condiciones de demostrar de manera incontrovertible algo que casi siempre ha resultado prácticamente imposible: que quien la difunde lo hace siendo plenamente consciente de su falsedad. Dada la tremenda dificultad de superar esa barrera, la lucha contra la desinformación a gran escala se ha intentado por otros caminos, usando en alguna medida sus mismas armas, mediante campañas alternativas que denuncian las falsedades más groseras en las mismas redes que los populistas no dudan en usar en su provecho.
Hace unos días, sin embargo, también desde Estados Unidos nos ha llegado un poderoso recordatorio de que los mismos argumentos constitucionales que tradicionalmente se han venido usando para fortalecer la libertad de expresión en el debate público podrían, llegado el caso, esgrimirse frente a las fake news: una de las empresas que dieron soporte tecnológico al recuento de los votos en las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas ha conseguido que el principal altavoz mediático de la teoría conspiranoica según la cual los resultados fueron amañados, acceda a indemnizarla con casi ochocientos millones de dólares, después de que el juez dictaminara que la falsedad de esas afirmaciones era tan innegable y reflejaba un desprecio tan temerario hacia la verdad que le excluía de la especial protección que al debate público otorga la primera enmienda. Una buena noticia para la democracia.
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