Un nuevo derecho fundamental
Aunque todos conocemos a algunos que se molestan cuando los disfrutan los demás, nadie está en contra de tener cada vez más derechos. A pesar de ello, hay quien ha criticado que en su reciente sentencia sobre la nueva ley de eutanasia el Tribunal Constitucional (TC) haya encontrado uno nuevo, el derecho a morirse cuando uno quiera siempre que se padezca una enfermedad terminal o gravemente incapacitante. Las críticas se centran en que ese nuevo derecho establecido por el legislador haya sido equiparado por el TC a los fundamentales, es decir, a los derechos puestos por la propia Constitución, donde sin embargo no parece que realmente esté, no al menos a primera vista.
La cuestión, desde esta perspectiva, no es que los derechos proliferen, sino quién puede calificarlos de fundamentales. Es una cuestión problemática porque, en un sistema democrático, un derecho fundamental no establece sólo facultades para los ciudadanos, también sirve para decirle al pueblo lo que no puede hacer, ya que la Ley (el fruto de la voluntad popular tal como la expresan sus representantes en el Parlamento) no puede pasarlos por alto. Esta podría ser una buena razón para que no haya un exceso de derechos fundamentales: en una democracia el poder del pueblo no debería encontrar demasiados límites. Por eso mismo, los derechos fundamentales tampoco deberían ser creados por Ley: si así se hiciera, se impediría que una nueva mayoría (de nuevo el pueblo, que cada cierto tiempo gusta de cambiar de opinión) pudiera decidir después sobre su derogación.
En esta sentencia, el TC no se ha limitado a declarar que la eutanasia es compatible con la Constitución, del mismo modo que lo ha sido hasta ahora su ausencia. Al calificar el derecho a morir como fundamental cuando se den determinadas circunstancias (el denominado «contexto eutanásico»), le ha mandado un mensaje a la mayoría parlamentaria del futuro: esto que se ha decidido hoy mediante una Ley no lo podrás tú cambiar con otra mañana. Los que aplauden su decisión piensan que interpretar la Constitución para actualizar sus contenidos al tiempo presente es, precisamente, la tarea del TC. A los que no lo tenemos tan claro, nos habría gustado que el nuevo derecho hubiera venido mediante el camino más seguro para crear derechos fundamentales, la reforma constitucional. La propia sentencia del TC podría ser un incentivo para abordarla en el futuro, si no fuera por un pequeño detalle: en nuestro país, llegar al acuerdo necesario para reformar la Constitución es una misión prácticamente imposible.
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